Corte Suprema llama a indagatoria a David Racero por presuntas irregularidades con empleados de su UTL
La investigación judicial que rodea al representante a la Cámara David Racero entra en una nueva fase. La Corte Suprema de Justicia de Colombia citó al congresista del Pacto Histórico a rendir indagatoria dentro del proceso que analiza presuntas irregularidades relacionadas con un negocio familiar de frutas y verduras en Bogotá.
De acuerdo con el alto tribunal, Racero deberá presentarse el lunes 9 de marzo a las 8:30 de la mañana ante el despacho del magistrado César Augusto Reyes Medina, integrante de la Sala de Instrucción. El congresista es investigado por el presunto delito de concusión, una conducta que se configura cuando un funcionario público utiliza su cargo para inducir a alguien a entregar dinero u otro beneficio.
Las sospechas de la investigación
El caso gira en torno a dos hechos principales. El primero tiene que ver con la presunta utilización de integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista para labores en un fruver —negocio familiar de frutas y verduras— ubicado en Bogotá.
Según la investigación, algunos funcionarios del despacho habrían sido asignados a atender el establecimiento comercial en lugar de cumplir sus funciones en el Congreso. Además, la Corte también analiza consignaciones realizadas a cuentas personales del representante por parte de miembros de su equipo de trabajo.
El segundo punto bajo revisión está relacionado con la presunta exigencia a una asesora para que entregara parte de su salario mientras se desempeñaba como funcionaria del Congreso de la República de Colombia.
Un audio que genera controversia
Dentro del expediente también aparece un audio de WhatsApp que ha generado debate público. En la grabación, se escucharía al congresista coordinando la contratación de una empleada para el negocio familiar durante el año 2020, en plena pandemia.
En ese audio se menciona que el salario ofrecido sería cercano a un millón de pesos, con jornadas laborales de hasta 13 horas diarias y sin prestaciones sociales, condiciones que han sido cuestionadas debido al discurso público del congresista en defensa de los derechos laborales.
Racero ha sostenido que el negocio fue creado por su familia durante la pandemia y que él no tuvo relación directa con la contratación ni con las labores de los trabajadores.
Decisión previa del Consejo de Estado
Por estos mismos hechos, el Consejo de Estado de Colombia ya había analizado una demanda que buscaba la pérdida de investidura del congresista. El pasado 18 de febrero, ese alto tribunal negó la solicitud al considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar la indebida destinación de recursos públicos.
Sin embargo, la decisión no detuvo el proceso penal que ahora continúa en la Corte Suprema, instancia encargada de investigar a los congresistas en ejercicio.
Mientras avanza la investigación, el caso también adquiere relevancia política, pues Racero ha manifestado su intención de aspirar al Senado en las próximas elecciones legislativas.