Fiscalía reactiva capturas en el Pacífico: golpe jurídico a voceros de la “paz total”
En una decisión de alto impacto institucional, la Fiscalía General de la Nación confirmó la reactivación de órdenes de captura contra 24 voceros de estructuras criminales en Buenaventura y Quibdó, quienes habían sido cobijados con suspensiones en el marco de la política de paz impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.
La medida se produce tras el vencimiento, el pasado 27 de diciembre de 2025, de los beneficios jurídicos otorgados a integrantes de organizaciones de alto impacto, incluyendo grupos como los Espartanos y Shottas en Buenaventura, así como estructuras armadas en Quibdó. Con ello, la justicia retoma su capacidad de persecución penal frente a actores vinculados a delitos como narcotráfico, homicidio y extorsión.
Fin de beneficios y retorno a la persecución penal
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los salvoconductos que suspendían las órdenes de captura expiraron sin que se consolidaran avances suficientes en los compromisos adquiridos dentro de las mesas de diálogo. Este escenario obliga a restablecer las medidas judiciales contra quienes fungían como representantes en los procesos de negociación.
La decisión también incluyó la expiración de beneficios para integrantes de disidencias de las Farc, lo que evidencia un endurecimiento en la postura del ente acusador frente a incumplimientos o reincidencia delictiva.
Un balance que enciende alertas
Las cifras oficiales reflejan la complejidad del proceso: durante el actual gobierno se han solicitado suspensiones de órdenes de captura para más de 200 personas, de las cuales una parte significativa ha perdido ese beneficio por reincidir en actividades criminales o incumplir los acuerdos.
Este panorama ha generado cuestionamientos sobre la eficacia y los mecanismos de control de la estrategia de “paz total”, especialmente en regiones altamente afectadas por la violencia como el Pacífico colombiano.
La reactivación de las capturas se suma a una creciente controversia nacional. Autoridades regionales, sectores políticos y analistas han advertido sobre los riesgos de otorgar beneficios sin controles estrictos, mientras que algunos casos puntuales han encendido las alarmas por presuntas actividades delictivas en paralelo a los diálogos.
En este contexto, la decisión de la Fiscalía General de la Nación marca un punto de inflexión que podría redefinir el rumbo de las negociaciones y la credibilidad de la política de paz del gobierno de Gustavo Petro.